En el Plan de Desarrollo “Risaralda Equitativa e Incluyente” quedaron como meta 7 políticas públicas para formular en el cuatrienio.

La Gobernación de Risaralda presentó un informe ejecutivo sobre el avance de las políticas públicas ante la Honorable Asamblea del Departamento. Esta administración ha estado trabajando intensamente en el desarrollo de nuevas políticas que buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Durante la sesión, Johanna Marcela Idarraga Toro, directora de Gestión de Políticas Públicas, destacó el trabajo realizado en el desarrollo de nuevas iniciativas en esta materia.

“Estuvimos citados en la Asamblea para presentar un informe ejecutivo de las políticas públicas. A todos los diputados les contamos en qué va cada política pública, además de las fechas de presentación del informe de seguimiento y los ajustes que realizamos para implementar los planes estratégicos, ya que había políticas que venían trabajando sin un norte claro”.

La vigencia 2023 cerró con 10 políticas públicas aprobadas y en lo que va de la vigencia 2024 se logró consolidar la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social, la cual representa un avance significativo hacia la equidad y el respeto de los derechos de todas las personas en nuestra región. Próximamente se espera presentar la Política Pública de Juventud y la Política Pública de Población con Identidad de Género.

La Secretaría de Planeación continuará trabajando en la elaboración de informes de seguimiento para cada una de las políticas públicas, los cuales serán presentados próximamente, con el objetivo de asegurar la correcta implementación y evaluación de las iniciativas, manteniendo siempre la transparencia en la gestión pública.

MENSAJE AL GOBIERNO NACIONAL

Los gobernadores del país han firmado una misiva al Gobierno Nacional en la que alertan sobre las imprecisiones en la formulación del Presupuesto del SGR para el bienio 2025-2026, que ponen en riesgo la financiación de programas vitales como alimentación escolar, transporte escolar y vivienda.

Los mandatarios exigen claridad y transparencia en la liquidación de las regalías y piden a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería que revelen las fórmulas utilizadas para proyectar los ingresos. También solicitan el acompañamiento de la Contraloría General de la República para garantizar este proceso.

El recorte injustificado del presupuesto afecta gravemente el cumplimiento de los planes de desarrollo y las metas socioeconómicas de las regiones, poniendo en riesgo la ejecución de proyectos esenciales. Además, la inclusión de normativas que limitan la autonomía territorial podría llevar a la insolvencia de las entidades territoriales.

Es prioritario que las regiones cuenten con una dinamización de recursos tendientes a la estabilidad de sus inversiones. Para ello, los gobernadores consideran fundamental una correcta articulación entre el Gobierno Nacional, los mandatarios departamentales y locales, y el Congreso de la República.

En este sentido, los gobernadores pondrán a consideración del Legislativo sus proposiciones y observaciones al proyecto de Ley, con el objetivo de lograr un presupuesto para el bienio 2025-2026 que esté a la altura de los desafíos económicos y sociales de los territorios.