De los 32 departamentos en Colombia, Risaralda en el año 2022 fue el quinto departamento en instalar la mesa.

En cumplimiento del marco normativo y legal vigente, el gobierno departamental de Risaralda bajo el liderazgo del gobernador Juan Diego Patiño Ochoa, llevó a cabo la primera sesión del año 2024 de la Mesa Territorial de Garantías, un espacio fundamental en el proceso de protección y promoción de los derechos de los líderes y lideresas del departamento.

Este mecanismo busca generar condiciones seguras para la labor de las personas defensoras de derechos humanos y las organizaciones sociales.

El secretario de Gobierno, Israel Londoño Londoño, fue el encargado de instalar esta sesión, destacando el compromiso de la institucionalidad en la implementación de acciones que protejan a los líderes sociales y eliminen cualquier forma de estigmatización.

“En compañía de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, instalamos la Mesa de Garantías para líderes. Estamos avanzando con la explicación del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) sobre la situación de los líderes amenazados y el progreso en cada caso. Agradecemos la masiva participación de las organizaciones sociales en este espacio”, expresó el secretario.

La administración departamental, junto con la Defensoría del Pueblo, como parte técnica, garantizará el funcionamiento efectivo de la Mesa de Garantías, promoviendo la participación activa en temas de protección y defensa de los derechos fundamentales.

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Leonardo Gómez Franco, resaltó la importancia de este primer encuentro del año, en el que se socializó el protocolo y reglamento interno de la mesa.

“Es importante señalar que la Mesa Territorial de Garantías en Risaralda fue adoptada por la Gobernación en el año 2022 y su funcionamiento ha sido reconocido por el Ministerio del Interior, a diferencia de otros territorios donde lamentablemente no están operativas. Invitamos a todas las organizaciones del sector civil que deseen ser parte de esta instancia, a que realicen su solicitud formal”, indicó Gómez Franco.

Actualmente 32 organizaciones de la sociedad civil, incluidas comunidades indígenas, afrodescendientes, consejos comunitarios de víctimas del conflicto armado y líderes comunales, forman parte de este espacio plural que busca garantizar los derechos humanos de la población civil.