Hamilton Ramírez Vargas Administrador publico, Gerente de proyectos, Licenciatura universitaria y programación neurológica. En todo el país, las nuevas administraciones locales y departamentales están en proceso de establecerse. Esto implica que las corporaciones públicas, ya sean concejos o asambleas, están actualmente en la revisión y aprobación de los planes de desarrollo, los cuales previamente formaron parte de los programas de gobierno durante la campaña electoral. He tenido el privilegio de participar en diversas mesas sectoriales y he podido percibir de primera mano las inquietudes de la población con discapacidad. Es un sentir que clama por atención y comprensión, aspectos que los representantes electos a veces no logran captar adecuadamente
Me pregunto cómo demostrar a la clase dirigente que la inclusión no es solo un discurso, sino una práctica diaria de vida. Debemos abrir las puertas de nuestras instituciones y permitir que las personas con discapacidad muestren su valía. No se trata solo de cumplir con cuotas o de seguir protocolos; se trata de reconocer y valorar la diversidad como un “activo invaluable”.

La administración pública debe liderar este cambio, con personas  que promuevan la contratación de personas con discapacidad, asegurando que los procesos de selección sean justos y accesibles, y que los entornos laborales sean adaptativos y acogedores. Además, es crucial que aquellos puestos dedicados a la atención de personas con discapacidad sean ocupados por quienes realmente entienden y viven la realidad de esta condición, garantizando así una representación auténtica y efectiva.

No podemos olvidar que la inclusión de las personas con discapacidad en la vida pública y laboral no es solo un acto de justicia social, sino también un motor de desarrollo y progreso. Al integrar a estos ciudadanos en nuestra economía, estamos ampliando nuestra visión, enriqueciendo nuestra cultura y fortaleciendo nuestra comunidad.
La emancipación de las personas con discapacidad no es solo una causa noble, es una necesidad urgente y un derecho fundamental que debemos garantizar. Es el reflejo de una sociedad que avanza, que aprende de su pasado y que se compromete con un futuro de oportunidades para todos.

En todo el país, las nuevas administraciones locales y departamentales están en proceso de establecerse. Esto implica que las corporaciones públicas, ya sean concejos o asambleas, están actualmente en la revisión y aprobación de los planes de desarrollo, los cuales previamente formaron parte de los programas de gobierno durante la campaña electoral.

He tenido el privilegio de participar en diversas mesas sectoriales y he podido percibir de primera mano las inquietudes de la población con discapacidad. Es un sentir que clama por atención y comprensión, aspectos que los representantes electos a veces no logran captar adecuadamente
Me pregunto cómo demostrar a la clase dirigente que la inclusión no es solo un discurso, sino una práctica diaria de vida. Debemos abrir las puertas de nuestras instituciones y permitir que las personas con discapacidad muestren su valía. No se trata solo de cumplir con cuotas o de seguir protocolos; se trata de reconocer y valorar la diversidad como un “activo invaluable”.

La administración pública debe liderar este cambio, con personas  que promuevan la contratación de personas con discapacidad, asegurando que los procesos de selección sean justos y accesibles, y que los entornos laborales sean adaptativos y acogedores. Además, es crucial que aquellos puestos dedicados a la atención de personas con discapacidad sean ocupados por quienes realmente entienden y viven la realidad de esta condición, garantizando así una representación auténtica y efectiva.

No podemos olvidar que la inclusión de las personas con discapacidad en la vida pública y laboral no es solo un acto de justicia social, sino también un motor de desarrollo y progreso. Al integrar a estos ciudadanos en nuestra economía, estamos ampliando nuestra visión, enriqueciendo nuestra cultura y fortaleciendo nuestra comunidad.
La emancipación de las personas con discapacidad no es solo una causa noble, es una necesidad urgente y un derecho fundamental que debemos garantizar. Es el reflejo de una sociedad que avanza, que aprende de su pasado y que se compromete con un futuro de oportunidades para todos.